CE #39: La dictadura contra los trabajadores: 50 años del golpe de 1976 en Argentina
Victoria Basualdo
Historiadora, investigadora del CONICET, de la Universidad Nacional de Quilmes (en el Centro de Estudios sobre Desarrollo, Innovación y Economía Política) y de la Universidad de Buenos Aires (en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género)
El golpe del 24 de marzo de 1976 marcó un punto de inflexión en la historia de Argentina, en términos represivos, económicos, laborales y políticos, y dejó un legado de largo plazo que impacta hasta la actualidad. Aunque la historia del país estuvo marcada por una serie de golpes de estado desde 1930, y en el marco de la Guerra Fría en 1955 y 1966, tanto los estudios académicos y científicos como el proceso de judicialización probaron que se desarrolló en la dictadura del 76 un plan sistemático de represión contra la llamada “subversión” que incluía un amplio arco de líneas de acción y pensamiento. Este proceso represivo incluyó en un lugar central la tortura, la desaparición forzada de personas, el asesinato, y el encarcelamiento o cautiverio en los cerca de 800 centros clandestinos de detención en el territorio de todo el país, además de la apropiación de menores a quienes se les robó su identidad, y el robo de bienes muebles e inmuebles, entre otros crímenes contra la humanidad, que siguen siendo juzgados hasta la actualidad.
Aunque los análisis históricos predominantes han enfatizado lecturas políticas de la dictadura que se extendió entre 1976 y 1983, la dimensión de clase de esta historia, en articulación con dimensiones de género, raza y territorialidad es central para la comprensión de este proceso. La clase trabajadora argentina tiene una larga historia de organización y de lucha y desde mediados de la década del 40 logró plasmar una estructura sindical que combinó la existencia de una confederación sindical a nivel nacional, sindicatos de tipo industrial por rama de actividad y una presencia sindical en los lugares de trabajo a través de delegados/as y comisiones internas, todo lo cual fue decisivo para lograr una participación de los/as trabajadores/as que llegó al 50% del ingreso nacional en 1950. El golpe de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón en su segunda presidencia, dio lugar a 18 años de proscripción política de su figura y partido, en el marco de una ofensiva tendiente a reconfigurar el papel de esta clase trabajadora en la economía, la política y la sociedad con una represión creciente a partir de la activación del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) y la Doctrina de la Seguridad Nacional en los años 60.
En el marco de la profundización de la segunda etapa de la industrialización por sustitución de importaciones, en la que el complejo automotriz y las industrias metalúrgica y química fueron ejes dinámicos, y en un contexto de radicalización política creciente, desde fines de los años 60 se produjeron una serie de levantamientos obrero-estudiantiles en distintas ciudades del país, entre los que se destacó el Cordobazo en mayo de 1969, que contribuyeron a debilitar la dictadura del General Onganía y a abrir un tiempo de lucha abierta. Esto permitió en 1973 el llamado a elecciones, en las que triunfó la fórmula peronista Cámpora-Solano Lima, y luego una nueva elección en la que la fórmula Juan Domingo Perón-Isabel Perón se impuso con todavía mayor margen. El 1 de julio de 1974, con la muerte de Perón las tensiones ya existentes entre un ala derecha y una ala izquierda dentro del propio movimiento se resolvieron claramente en beneficio de la primera, dando lugar a un proceso represivo de creciente intensidad contra los sectores políticos y político-militares del ala izquierda del movimiento peronista y los sectores sindicales y trabajadores combativos. La represión en Córdoba en 1974 y en 1975 en el cordón industrial de zona norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe (con epicentro en Villa Constitución), así como en el marco del Operativo Independencia en Tucumán se articularon con un viraje en términos de política económica en los planes de ajuste de los ministros Celestino Rodrigo (en junio de 1975) y Eugenio Mondelli (febrero 1976), que enfrentaron una contundente resistencia.
El golpe del 24 de marzo de 1976, encabezado por la Junta Militar compuesta por los generales Videla (Ejército), Massera (Armada) y Agosti (Fuerza Aérea) se propuso lograr una solución definitiva a este proceso de confrontación social y disputa en torno a la distribución del ingreso nacional y las condiciones de trabajo y de vida. Esto ocurrió en el marco del avance de las dictaduras en varios países de la región con el apoyo de Estados Unidos y de cambios a nivel global en el sistema capitalista desencadenados con mayor fuerza a partir de la crisis del petróleo, que promovieron un proceso de financiarización, un retroceso del peso de la producción industrial y en el marco de cambios tecnológicos importantes, que en los 70 y 80 impulsaron una reconfiguración del papel de la clase trabajadora y el movimiento sindical y la génesis del proyecto neoliberal.
Todo esto marcó un punto de inflexión visible en el mundo laboral, ya que desde el mismo 24/3 se llevaron adelante grandes operativos militares en establecimientos fabriles y comenzó una represión sin precedentes en términos de su intensidad y extensión. Líneas de investigación desarrolladas en las últimas décadas abordaron un conjunto de casos emblemáticos de empresas y grupos económicos en diversas regiones del país y pudieron probar, a partir del abordaje sistemático de un conjunto de fuentes judiciales, de prensa, de archivos públicos y privados, testimonios orales y un amplio arco de documentación proveniente de fondos sindicales y personales de protagonistas, la articulación que existió entre sectores del poder económico y las fuerzas armadas en el proceso represivo contra trabajadores/as y sindicalistas, con efectos brutales en las comunidades obreras.
La investigación del Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Programa Verdad y Justicia sobre 25 casos de empresas de distintas actividades, tipo de propiedad y lugar de implantación, mostró la existencia de patrones tanto de militarización de los espacios laborales, como de aportes logísticos y materiales centrales por parte de estas empresas al proceso represivo, probando en 5 de los 25 casos la existencia de centros clandestinos de detención dentro de las fábricas. La represión en el ámbito laboral no sólo tuvo lugar en los grandes centros urbanos y en los cordones industriales, sino también en zonas rurales, en las que procesos de organización de enorme importancia como las Ligas Agrarias en zonas del Noreste y Noroeste de la Argentina fueron objetos de una represión brutal en articulación con profundas transformaciones en las formas de producción y comercialización de los productos primarios.
Este involucramiento de sectores empresariales en la represión no puede entenderse por fuera de la relación más amplia entre fuerzas armadas y núcleos del poder económico. Un rasgo central de la dictadura de 1976-1983 fue la alianza intelectual e institucional militar empresarial que se tradujo en gran cantidad de representantes empresariales en puestos clave de la dictadura y en la participación de militares en directorios de empresas en este período. La figura clave en este sentido fue José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía entre 1976 y 1981, que había sido, entre muchos otros puestos en directorios y confederaciones empresarias, presidente del Directorio de Acindar, una empresa siderúrgica profundamente implicada en la represión a trabajadores a partir de 1975, que se convirtió en un símbolo de la alianza entre el poder económico y las fuerzas armadas. Quien lo reemplazó al frente de la empresa fue un militar de gran importancia, Alcides López Aufranc, que había sido formado en la escuela francesa de contrainsurgencia y había jugado un papel en procesos represivos de los 60 y 70.
En este marco, la dictadura implementó transformaciones muy profundas en el marco normativo laboral, desarrollando al mismo tiempo una persecución extrema no sólo contra los sectores sindicales representativos que llevaron adelante luchas en este período, tanto en los lugares de trabajo, como a partir de huelgas abiertas, jornadas de protesta y en procesos de organización y denuncia a nivel internacional, sino también a todas las instituciones y sectores vinculados con la defensa de los derechos de organización, protesta, negociación y demanda judicial, incluyendo a los/as abogados/as laboralistas que habían escrito algunas de las leyes laborales mutiladas y que defendían a trabajadores/as y sindicatos. Al mismo tiempo, las políticas económicas dictatoriales, incluyendo una reforma financiera y un proceso de apertura y desregulación, afectaron drásticamente la industrialización sustitutiva de importaciones del país y pusieron la valorización financiera en el centro de la estructura económica y del comportamiento macro y microeconómico, llevando adelante una drástica redistribución del ingreso en contra de los trabajadores sin precedentes. Esta combinación de procesos delineó un nuevo patrón de acumulación que continuó luego de la transición a la democracia, caracterizado por un proceso de endeudamiento externo, un crecimiento de la fuga de capitales y una reestructuración brutal de la estructura económica que se basó en una alianza entre los grupos económicos locales y el capital financiero internacional, que incluyó a los bancos privados y a los organismos internacionales como representantes políticos del capital financiero.
Este aniversario se vuelve particularmente relevante y actual, no sólo por la reivindicación explícita por parte del gobierno de Javier Milei de los referentes económicos de la dictadura y de sus políticas, gran parte de las cuales buscan retomar y profundizar, sino también por la reivindicación del proceso represivo, no sólo en términos discursivos, sino en la práctica, en un incremento extremo de la represión a la protesta, con particular ensañamiento en los colectivos de jubilados, sectores con discapacidad y trabajadores/as. La reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso Nacional a pesar de un fuerte rechazo político y sindical, muestra un nuevo capítulo de la ofensiva de los sectores de poder económico contra los derechos laborales y las formas de trabajo, vida y organización que busca eliminar varios de los derechos conquistados hace un siglo. Estas disputas, que es imprescindible comprender y analizar una vez más en un marco regional y mundial de avance contra la clase trabajadora a nivel internacional, están inextricablemente unidas con las demandas por memoria, verdad y justicia que se multiplican en todo el territorio nacional y en todo lugar del mundo donde hay argentinos. La mirada desde el eje capital-trabajo deja clara la vinculación de estos procesos históricos y contribuye a comprender por qué en las ofensivas de las extremas derechas la lucha por la historia es tan importante. A 50 años, reivindicamos la importancia de esta historia, imprescindible para alumbrar las luchas del presente y la construcción de otro futuro.
Pancarta de los trabajadores de Ford y sus familiares durante la manifestación del 24 de marzo de 2019, poco después de la histórica sentencia que condenó al responsable militar Santiago Omar Riveros y a otros dos altos cargos de la empresa, Héctor Sibilla y Pedro Müller. Fotografía de Victoria Basualdo
Para más información:
Área de Economía y Tecnología de FLACSO, CELS, Programa Verdad y Justicia y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, Infojus, 2015. Disponible en: https://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Responsabilidad_empresarial_delitos_lesa_humanidad_t.1.pdf
https://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Responsabilidad_empresarial_delitos_lesa_humanidad_t.2.pdf
Archivo Nacional de la Memoria, Responsabilidad empresarial en violaciones de derechos humanos en Argentina, 2022. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/07/unidad_24x17_18_04_2022_web.pdf
Basualdo, Eduardo M., Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, Siglo Veintiuno Editores, edición original 2006.
Basualdo Victoria, Berghoff, Harmut y Bucheli, Marcelo, Big Business and Dictatorships in Latin America: A Transnational History of Profits and Repression, Palgrave Macmillan, 2021. Más información: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-43925-5
Corrêa, Larissa R., Almeida de Carvalho Silva, Marcelo, Martins, Richard (coords.), Repressão aos trabalhadores e responsabilidade empresarial nas ditaduras do Cone Sul, Editora PUC-Rio, 2022. Disponible en: https://www.editora.puc-rio.br/media/Repressao_aos_trabalhadores%20-%20ebook_final.pdf
Pereira Campos, Pedro Henrique; Vaz Da Motta Brandao, Rafael; Basualdo, Victoria; Responsabilidade empresarial em violações de direitos humanos nas ditaduras da Argentina e do Brasil en Barcelos Ribeiro Da Silva, Ana Paula, Vaz Da Motta Brandao, Rafael, Fogelman, Patricia Alejandra, Simoes de Melo, Leda Agnes, Conexões Brasil-Argentina: Pontes e intercâmbios a partir da história; Mauad X, 2024. Disponible en: https://zenodo.org/records/13888726
Serie documental “24 en la lista” de Ana Cacopardo y Mariana Arruti. Estrenada en marzo de 2023 por Canal Encuentro, aborda la responsabilidad empresarial en la última dictadura cívico-militar, centrándose en el caso del secuestro y tortura de 24 trabajadores de Ford Argentina en General Pacheco, entre 1976 y 1977. Disponible en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ6TIj4tHEIswjqPJot16k4MxiDxo5zeQ
Crédito de la imagen de portada: La Plenaria Nacional Antiburocrática reunió a diversos sectores del sindicalismo combativo argentino el 20 de abril de 1974 en el Club Riberas del Paraná, en Villa Constitución. Un ejemplo, entre muchos otros, de la creciente fuerza y presencia pública de los trabajadores organizados en la política argentina en el período previo al golpe de marzo de 1976. Fotografía de Norberto Puzzolo, Archivo Nacional de la Memoria.